Redacción
Han pasado cinco semanas de movilización de la sociedad de Querétaro ante la Ley que Regula la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado del Estado de Querétaro, aprobada el 19 de mayo de 2022.
Del contenido de la misma han alertado la comunidad ambientalista agrupada en al menos tres frentes distintos, la comunidad académica, donde destacan personas investigadoras de la UAQ, UNAM y CONACYT, fracciones parlamentarias, pueblos y comunidades urbanas, rurales e indígenas, colectivas feministas, juventudes no partidistas, organizaciones civiles y redes nacionales agua, como la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al agua, la Red Mexicana de Cuencas, la Coordinadora Nacional Agua para [email protected], y la Red Mexicana de Acción por el Agua (FANMex).
Las autoridades locales ignoraron la solicitud formal de parlamento abierto, impulsada por 30 entidades colectivas, así como la solicitud formal de veto, cuya versión en línea recabó 3,239 firmas. La ley aprobada y publicada en cuatro días, es hasta hoy desconocida por buena parte de la ciudadanía.
Ante la omisión institucional, desde el 27 de junio han emergido manifestaciones públicas organizadas, entre otros, por estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (Foro Universitario de Sustentabilidad y Agua), la Red en Defensa del Agua y la Vida, organizaciones vecinales de poblaciones afectadas por la privatización y el Frente por la Soberanía Nacional.
A partir de la publicación de la ley, el 21 de mayo, también se han interpuesto distintas acciones legales. Esto desde diversos frentes que comparten el objetivo común de defender el agua y la vida del territorio queretano. Las acciones interpuestas por el titular del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UAQ, Ambientalistas del Estado de Querétaro y el Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, son algunas de ellas.
Esta semana, un total de 30 comunidades, organizaciones y redes presentamos solicitudes formales a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro para que, conforme a su facultad, interpongan acción de inconstitucionalidad frente a la Ley que Regula la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado del Estado de Querétaro.
Derivado del análisis de la legislación elaborado por el equipo legal de Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro, se identificaron disposiciones contrarias a las obligaciones de derechos humanos e invasión de competencia federal. La acción de inconstitucionalidad es uno de los recursos legales disponibles ante la contradicción entre una norma y la Constitución.
A través de este recurso, en el pasado han podido controvertirse leyes que ponen en riesgo a los derechos humanos. Es el caso de la Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018. Según el artículo 105 de la Constitución, este recursos puede ser activado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas (…) que vulneren los derechos humanos (…) así como los organismos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas.
Ambas instancias de derechos humanos, cuentan con 30 días naturales a partir de la fecha de publicación de la ley para ejercer la acción ante la Suprema Corte de Justicia. La voz ciudadana es fundamental para activar a las instituciones en cuyas manos y en cuya obligación está, por ley, la presentación de la acción de inconstitucionalidad. Vale la pena señalar que la inacción de estas entidades podría resultar en omisión de la obligación de proteger los derechos humanos ante futuras violaciones derivadas de la aplicación de la ley.
Dentro de los escritos, también solicitamos tomar medidas inmediatas para erradicar la estigmatización de la protesta social que compromete el ejercicio pleno del derecho a la manifestación pública, por lo que estaremos pendientes de las acciones específicas y efectivas que se emprendan en este sentido.
Las organizaciones y colectivos que presentamos conjuntamente solicitud formal de acción de inconstitucionalidad son las siguientes:
- Laboratorio de Estudios Urbanos y Sustentabilidad (LABUR)
- Agua para todxs Querétaro
- Nosotrxs, Representación en Querétaro
- Confederación indígena del barrio de San Francisquito
- Grupo Ecológico Xymbionte SAPI de CV
- Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán Comunidad Originaria de San Miguel Tlaxcaltepec
- Comunidad de Chitejé del Garabato
- Ambientalistas del Centro
- [email protected] de la Madre Tierra
- Centro Regional de Capacitación en Cuencas
- Ambientalistas del Estado de Querétaro
- Ecologistas de Juriquilla, AC.
- Ciudadanos Reforestando Querétaro
- Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro AC.
- Centro de Educación e Investigación para el Bienestar Ambiental y Social, A. C.
- Huertos la Banda
- Querétaro Salvaje
- México Lindo y Qué Limpio
- Xata Sustentable
- Regeneradora garambullo
- DeepBlue
- Fundación Latinoamericana del Agua y la Vivienda Sostenibles AC (FLAVISE)
- Micelio Urbano
- Casa de Vinculación Social de Felipe Carrillo Puerto
- Desarrollo Comunitario para la Transformación Social A.C.
- Observatorio Internacional de Derechos Humanos y Cambio Climático
- Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro
- World Capital Institute
- Habitación 19
- Frente en defensa por la soberanía nacional, Querétaro